Aval al uso de cannabis medicinal

Una persona enferma con VIH solicitó el suministro de cannabis para paliar fuertes dolores producto de una neuropatía en sus extremidades. La justicia porteña dio aval al amparo al ordenar una seria de medidas para favorecer al paciente. Entendió que no está permitido el uso de marihuana pero que si los médicos consideran que corresponde prescribir un producto relacionado con el cannabis, el Gobierno de la Ciudad debe interponer ante la ANMAT la solicitud de autorización para el uso y/o ingreso al país el producto médico de que se trate.

En la demanda, el amparista expresó que “fue una gran satisfacción en lo personal haber bajado significativamente la dosis de metadona gracias al uso terapéutico de cannabis y que el alivio del dolor mejora transversalmente todos los aspectos de mi vida”. Por eso solicitó a su médica tratante del Hospital Tornú (Dra. T.A.F.), especialista en dolor y cuidados paliativos, que le prescribiera cannabis sativa o índica para su tratamiento de neuropatía periférica de los cuatro miembros”. La profesional le extendió un certificado negándole el pedido porque el cannabis no constituye una medicación legal. Ante esto, acudió a la justicia.

Pese a la negativa de un primer juez a tomar el amparo, el juez Dr. Guillermo Scheibler, titular del juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió este jueves 13 de agosto una acción de amparo en la cual, un paciente con VIH que sufre de neuropatía periférica en sus cuatro extremidades (fuertes dolores constantes). En el expediente, solicitaba la “prescripción, suministro y/o entrega” de cannabis fente a la excepción prevista en el artículo 9° de la ley 23.737, respecto del “uso terapéutico” de sustancias prohibidas.

El hombre es paciente del Hospital Tornú y peticionaba la prescripción de marihuana en las dosis médicamente recomendadas o la autorización de su cultivo. En su fallo, el magistrado porteño realizó un extenso análisis del caso y de la normativa vigente aplicable, entendió que no podía hacerse lugar a lo pedido pero sí se debía atender al derecho a la salud y bienestar del amparista. De esta manera, dispuso una serie de medidas para asistir al paciente en pos del tratamiento que resulte más beneficioso.

“En nuestro país la autoridad administrativa competente en la materia no ha autorizado aún el ‘uso medicinal o terapéutico’ del cannabis, ni éste se encuentra tampoco reconocido de modo amplio o difundido como integrante de la terapéutica“, destacó Scheibler en los fundamentos de su sentencia, reconociendo también que en numerosos países sí se contempla a la marihuana con “uso médico” ya sea mediante formas de consumo directo o través de fármacos derivados, como por ejemplo el “Sativex”.

“(…) efectivamente se presenta en el caso una situación en la cual ciertas normas penales conspirarían contra la posibilidad de un adecuado ejercicio y goce de derechos individuales del actor (salud, dignidad, intimidad, autonomía)”, argumentó en el fallo el magistrado. Especificó que “no habrá de hacerse lugar a las pretensiones de la actora (paciente) en el modo en que fueron formuladas”, pero subrayó que “el derecho no puede resultar insensible al dolor y al sufrimiento humano”.

Tras un detallado relato de los padecimientos del enfermo, entre los que se destacan efectos secundarios negativos del uso de metadona para combatir los dolores, y la decisión del enfermo de comenzar a consumir marihuana para mermar sus dolencias, en la sentencia se señaló la relación médico/paciente, y la mejora en el estado anímico del enfermo y la reducción de la dosis de metadona a partir de la ingesta cannabis.

El Dr. Scheibler detalló que en la historia clínica del paciente debería figurar con consistencia el uso medicinal de la marihuana y los efectos progresivos que generó en los dolores del actor.

“Sin perjuicio de que el preparado a base de cannabis que consume el actor no le haya sido prescripto por los profesionales que lo atienden, el hecho de que su consumo de todos modos constituya -tal como ha quedado probado en autos- un elemento que impacta e influye en el tratamiento que oficialmente se le ha indicado, he de ordenar a la demandada que todo lo que hace a la ingesta de cannabis que realiza A.C. como modo de combatir el dolor, debe quedar detalladamente registrado en la historia clínica, habida cuenta de que la legislación penal aún vigente no puede constituir un óbice válido para ello, tal como se ha expuesto en considerandos precedentes”, dispuso el juez porteño.

Entre los argumentos de la sentencia, el magistrado destacó el “carácter proactivo de las obligaciones que pesan sobre el Estado en materia de salud” y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, “el deber de promover la investigación científica” y “la vinculación con las Universidades Nacionales”.

En tanto, en la sentencia remarcó que los usos medicinales de la droga mencionada “no se encuentran autorizados hasta la fecha en nuestro país”, y que por eso se remitió al régimen de ‘uso compasivo de productos médicos’ que permite la autorización individual de importación y/o uso de productos médicos no comercializados en el país en situaciones clínicas que incapacitan o deterioran la calidad de vida, cuando no es efectiva la terapéutica convencional reconocida o se presenta intolerancia a los tratamientos existentes (Y citó disposiciones 840-ANMAT-1995 y 3315-ANMAT-2005).

Por úlitmo, el magistrado decidió ordenar una serie de puntos a la demandada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

1. Si tras la interconsulta e intercambio de información con los investigadores platenses, el personal médico del efector de la demandada considera que corresponde prescribir al actor algún producto médico relacionado con el cannabis, interponga en el plazo más breve posible ante la ANMAT la correspondiente solicitud de autorización para el uso y/o ingreso al país el producto médico de que se trate, en los términos de las disposiciones 840-ANMAT-1995 y 3315-ANMAT-2005, para su suministro al actor bajo control profesional.

2. Si tras la interconsulta e intercambio de información con los investigadores platenses, el personal médico de la demandada que asiste al actor considera que su tratamiento debe continuar llevándose a cabo en los términos actuales, suministre al actor todo el asesoramiento e información que al respecto haya podido recopilar o se encuentre a su disposición. En la sentencia que se adjunta a continuación, también se dispuso que el Gobierno de la Ciudad “deberá presentar un detallado informe de lo actuado dentro del plazo de 30 días de notificada” la resolución.

 

Ver el fallo completo - Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: tiempojudicial